En 1998, Venezuela tenía una capacidad de producción de 3.5 millones de barriles diarios, refinerías impecables y estaciones de servicio modernas y competitivas. Se adelantaba una reforma del negocio gas, con la idea de comenzar a explotar las reservas más importantes de Latinoamérica y convertir al país en una potencia gasífera.

La Apertura Petrolera, a través de novedosos mecanismos contractuales, había abierto la puerta para que las mejores empresas operadoras, y aquellas que les prestan servicios conexos, incrementaran sostenidamente la producción nacional, optimizando mercados cautivos y abriendo nuevos mercados internacionales.

La Faja del Orinoco se perfilaba como un universo en sí misma, capaz de llegar a producir millones barriles en poco tiempo, a través de la conversión de un producto poco atractivo a uno apetecible para los consumidores.

Se diseñó un mecanismo financiero para permitirles a todos los venezolanos convertirse en inversionistas de los proyectos, a través de la compra de papeles transables que podían adquirirse a precios accesibles para la mayoría. 

La Petroquímica también iba viento en popa, una ley moderna incentivaba la participación de múltiples actores, capaces de generar empleo y darle riqueza a la nación. 

Hoy, se necesita invertir más de diez mil millones de dólares -que no se tienen-, cada año durante dos décadas,  para alcanzar el potencial de 1998, las refinerías son cafeteras oxidadas y quemadas, las bombas de gasolina lloran de tristeza, el gas se importa de Colombia, las empresas operadoras y conexas, en su mayoría, se fueron del país,  la Faja se achica, nadie puede invertir en proyectos y la Petroquímica muere de abandono y desnutrición. 

¿Qué lección se saca de esto? ¿Tiene sentido el Petroestado? ¿Valdrá la pena insistir en este modelo de país? ¿A dónde vamos?