En el caso venezolano, la tentación de confundir la indignación moral con el derecho jurídico resulta comprensible, pero peligrosa. La confiscación de activos petroleros sin debido proceso puede satisfacer objetivos políticos de corto plazo, pero conlleva costos de largo alcance: pérdida de credibilidad jurídica, debilitamiento de las protecciones a la inversión y creación de precedentes que podrían volverse contra los intereses estadounidenses en otros escenarios.