Los debates en torno a los activos petroleros de Venezuela suelen apoyarse en una premisa errónea: que gobiernos o corporaciones extranjeras poseen un derecho legítimo sobre los hidrocarburos del país. En realidad, aunque empresas estadounidenses, británicas y de otros países desempeñaron un papel decisivo en el desarrollo de la industria petrolera venezolana, la propiedad del subsuelo siempre ha residido en el Estado venezolano. Los operadores extranjeros extrajeron petróleo bajo marcos jurídicos que exigían el pago de regalías a la República de Venezuela, sin que ello implicara jamás la transferencia de la propiedad del recurso en sí.
Desde comienzos del siglo XX hasta la nacionalización de 1975, las compañías petroleras operaron bajo concesiones regidas por la legislación venezolana, en particular por la Ley de Hidrocarburos de 1943. Cuando Venezuela nacionalizó la industria, compensó a los operadores extranjeros a un costo considerable. En la década de 1990, en un contexto de declive productivo y restricciones fiscales, Caracas volvió a abrir el sector a la inversión extranjera mediante la Apertura Petrolera. Empresas internacionales regresaron al país bajo esquemas de empresas mixtas, acuerdos de exploración y contratos operativos suscritos con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Ninguno de estos instrumentos alteró el principio jurídico fundamental: la propiedad del subsuelo y de los hidrocarburos in situ permaneció en manos del Estado venezolano.
Este principio resulta crucial, pues el colapso de la Apertura Petrolera en 2007 —cuando el presidente Hugo Chávez obligó a los operadores extranjeros a renegociar sus condiciones o abandonar sus posiciones— ha sido invocado con frecuencia para justificar respuestas de política extraordinarias. Algunas empresas recibieron compensación; otras no. Como era previsible, surgieron controversias.
Sin embargo, estos conflictos no se resolvieron mediante confiscaciones unilaterales ni decisiones políticas ad hoc, sino a través de mecanismos de arbitraje internacional y procedimientos judiciales. Incluso en el caso más emblemático, el de ExxonMobil, Venezuela terminó pagando miles de millones de dólares en cumplimiento de los laudos arbitrales. Este proceso reafirmó una norma esencial del orden económico internacional: las controversias entre Estados e inversionistas deben resolverse mediante instituciones jurídicas, no por la fuerza política.
Las críticas a la conducta del Estado venezolano están plenamente justificadas. El gobierno de Chávez incumplió contratos, politizó PDVSA y socavó la confianza de los inversionistas de formas que resultaron económicamente devastadoras. No obstante, reconocer estos fracasos no implica que Estados Unidos —ni ningún otro país— posea autoridad para erigirse en juez y confiscar activos petroleros venezolanos sin el debido proceso. Tales acciones erosionarían los principios jurídicos que sustentan la inversión internacional y los derechos de propiedad, debilitando la credibilidad de Estados Unidos en su defensa del Estado de derecho en el ámbito global.
Las implicaciones estratégicas trascienden la doctrina jurídica. Durante décadas, los responsables de la política exterior estadounidense han recurrido a sanciones, embargos y políticas de aislamiento económico como instrumentos para presionar a regímenes autoritarios. El balance, sin embargo, es ambiguo en el mejor de los casos.
En numerosos contextos, estas medidas han fortalecido —en lugar de debilitar— a gobiernos autocráticos, al concentrar el control económico en manos de élites políticas y permitir que los regímenes presenten la escasez como consecuencia de una agresión externa. Las poblaciones civiles asumen los costos, volviéndose más dependientes de los sistemas de distribución controlados por el Estado y menos capaces de sostener una resistencia política duradera.
Cuba ofrece un ejemplo elocuente. Casi siete décadas de embargo económico no han logrado desalojar al régimen ni producir una liberalización política significativa.
Por el contrario, el embargo ha proporcionado a La Habana un chivo expiatorio externo persistente, al tiempo que ha contribuido a una prolongada estancación económica. Venezuela corre el riesgo de seguir un camino similar, en el que las sanciones refuercen la resiliencia autoritaria en lugar de facilitar una transición democrática.
La historia también advierte sobre los peligros de la coerción económica desvinculada de vías diplomáticas y jurídicas creíbles. El embargo petrolero impuesto por Estados Unidos a Japón en 1937 tenía por objeto contener la agresión; en cambio, contribuyó a una escalada estratégica que culminó en el ataque a Pearl Harbor. Aunque la analogía no es exacta, la lección permanece vigente: la presión económica, cuando es percibida como existencial y unilateral, puede provocar respuestas desestabilizadoras en lugar de inducir el cumplimiento.
Nada de lo anterior sugiere renunciar a la rendición de cuentas ni tolerar la expropiación. Por el contrario, subraya la importancia de canalizarla a través de instituciones que refuercen —y no socaven— las normas internacionales. Los mecanismos de arbitraje, la diplomacia multilateral y la acción jurídica coordinada ofrecen vías para atender agravios legítimos sin erosionar el orden internacional basado en reglas que Estados Unidos ha defendido durante décadas.
En el caso venezolano, la tentación de confundir la indignación moral con el derecho jurídico resulta comprensible, pero peligrosa. La confiscación de activos petroleros sin debido proceso puede satisfacer objetivos políticos de corto plazo, pero conlleva costos de largo alcance: pérdida de credibilidad jurídica, debilitamiento de las protecciones a la inversión y creación de precedentes que podrían volverse contra los intereses estadounidenses en otros escenarios. Una estrategia anclada en el derecho, la legitimidad institucional y el realismo histórico ofrece un camino más sostenible, alineando principios con práctica y contención con propósito estratégico.
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