Autor: Juan Carlos Sosa Azpúrua
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela, aprobada de forma definitiva ayer por la Asamblea Nacional, representa un paso importante para destrabar las inversiones multimillonarias que podrían comenzar a materializarse en el corto plazo. Por primera vez en décadas, el marco legal permite de manera explícita que empresas privadas gestionen de manera integral el negocio petrolero, desde la exploración y producción hasta la comercialización y la venta final al consumidor.
Este giro no es solo cosmético. La reforma reduce de forma sustancial la carga impositiva de los tributos aún vigentes y elimina un entramado de impuestos redundantes e irracionales que venían asfixiando al sector. Si bien los niveles de regalías siguen siendo excesivos según los estándares internacionales, el nuevo marco al menos permite amplios márgenes de negociación, lo que hace posible estructurarlas de manera que minimicen la disrupción y devuelvan viabilidad a los proyectos.
Igualmente relevante es la incorporación de mecanismos modernos de resolución de controversias. Estas disposiciones permiten soluciones más rápidas y efectivas a los conflictos que puedan surgir durante la ejecución de los proyectos, un elemento indispensable para cualquier inversionista serio. Cuando esto se combina con el control financiero del Gobierno de los Estados Unidos y la garantía implícita de cumplimiento —incluida, de ser necesario, la aplicación de la fuerza—, el clima psicológico de miedo que ha paralizado la inversión comienza a disiparse. El panorama, aunque todavía imperfecto, luce claramente más prometedor.
Dicho esto, la reforma se queda corta frente a un verdadero cambio de paradigma. Lo deseable sería que Venezuela asumiera plenamente que la actividad productiva es más eficiente y rentable cuando la interferencia del Estado se reduce al mínimo indispensable. Bajo la reforma actual, la discrecionalidad estatal sigue presente, y persisten importantes tensiones de carácter constitucional. Estas inconsistencias deben corregirse para evitar choques entre la Constitución y el nuevo marco legal.
En pocas palabras, aún queda mucha tela que cortar y el escenario dista de ser ideal. Pero los cambios sustantivos rara vez comienzan en condiciones perfectas. Una vez que las inversiones comiencen a fluir y su impacto se haga tangible en el bienestar de la población, será más viable y oportuno exigir reformas más profundas y estructurales.
No obstante, hay una reforma que no debería esperar: la constitucional. Las disposiciones relativas a los hidrocarburos deben ser eliminadas del texto constitucional. La política petrolera es una materia de naturaleza legal y regulatoria, no constitucional. Mantenerla en la Constitución no solo constituye un error jurídico, sino que genera contradicciones que levantan preguntas incómodas, fomentan la opacidad y producen confusión. El resultado es inseguridad jurídica, exactamente la condición que ahuyenta al inversionista y crea restricciones innecesarias al proceso productivo.
Se abre un nuevo horizonte de esperanza para Venezuela. Si prevalece el pragmatismo, el país podría comenzar a sentir muy pronto los primeros rayos de luz tras una larga y costosa oscuridad.
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