Autor: Juan Carlos Sosa Azpúrua
Entre 1922 y 1975, Venezuela vivió el período de gloria de su industria petrolera y, con ella, una de las transformaciones económicas más notables del siglo XX. Tras un siglo de guerras civiles, montoneras e institucionalidad precaria, el país se convirtió en el destino de inversión más atractivo de América Latina y en una de las economías emergentes más dinámicas del planeta. Ese ascenso no fue obra del Estado: fue impulsado por la empresa privada, en el sector petrolero y en todas las industrias que crecieron a su alrededor.
Esa prosperidad convirtió a Venezuela en tierra de renacimiento para quienes lo habían perdido todo. Llegaron familias e individuos que sobrevivieron a la Gran Depresión, a la Guerra Civil Española, a la persecución racial y religiosa en Europa —incluidas las leyes de Núremberg y el Holocausto—, a la Segunda Guerra Mundial, a revoluciones fundamentalistas, a dictaduras en Suramérica, Centroamérica y el Caribe, a regímenes totalitarios europeos, al apartheid y la colonización en África, y a la pobreza y al comunismo en Asia y Eurasia. Vinieron a reconstruir vidas, a trabajar y a sembrar raíces productivas duraderas.
La mentalidad que hizo posible ese proceso descansaba sobre un principio simple y poderoso: el respeto a la libertad individual y la convicción de que era posible crear y prosperar mediante ingenio, esfuerzo y riesgo, sin esperar dádivas del Estado ni asumir que este debía conducir el proceso productivo. En ese marco, las industrias —incluida la de los hidrocarburos— fueron edificadas por capital privado bajo reglas claras, no por tutela estatal.
El petróleo, sin embargo, es un arma de doble filo. Tiene la capacidad de motorizar una economía completa, pero también de destruirla. Estados Unidos comprendió ese riesgo desde el inicio y, por ello, concibió su industria de hidrocarburos como un negocio esencialmente privado, con un Estado regulador —no empresario— encargado de calibrar normas, preservar la competencia, atender consideraciones ambientales y resguardar intereses estratégicos.
No es casual que ese país haya sido pionero en la arquitectura del negocio petrolero moderno. John D. Rockefeller, fundador de Standard Oil of New Jersey (hoy, en esencia, Exxon), diseñó el concepto de empresa verticalmente integrada: controlar la cadena completa desde exploración y extracción, pasando por transporte, refinación y almacenamiento, hasta la distribución y venta final de los derivados. Ese modelo sentó las bases de una industria caracterizada por competencia, innovación y disciplina del capital.
Gracias a esa filosofía, Estados Unidos no solo es el mayor consumidor de petróleo del mundo, sino que ha batido récords de producción, superando a los gigantes tradicionales del Medio Oriente y del Cáucaso. Los avances tecnológicos —extracción en formaciones rocosas, recuperación de pozos y taladro horizontal— multiplicaron las reservas recuperables y confirmaron una intuición que el jeque Yamani expresó con claridad: la era del petróleo no terminará por falta de petróleo, del mismo modo que la Edad de Piedra no terminó por falta de piedras.
Venezuela, en cambio, tomó un camino distinto. A partir de mediados del siglo XX se consolidaron mitos intelectuales y políticos que se transformaron en dogmas de política pública: la creencia en el agotamiento inminente de las reservas, la preferencia por precios altos con baja producción, y la idea de que empresas estatales “vigilantes” debían fungir como rectoras del negocio. Estas premisas, asociadas a la influencia de Juan Pablo Pérez Alfonzo y a la visión política difundida por Rómulo Betancourt, se filtraron en el torrente sanguíneo del país.
Hubo un breve paréntesis que se inicia en el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989, con un «gran viraje» hacia la apertura en la política económica, para hacer competitiva a toda la Economía. El nombramiento de Miguel Rodríguez para dirigir CORDIPLAN fue clave en el logro de este objetivo. Y en 1990, desde la presidencia de PDVSA, Andrés Sosa Pietri diseña la Apertura Petrolera, logrando armonizar la política de hidrocarburos con el «gran viraje», lo que trae efectos tangibles: Venezuela experimenta el crecimiento económico más importante del planeta después de China. Sin embargo, ese giro fue demonizado por las “fuerzas vivas” de la época y no logró consolidarse como rumbo estructural. Al contrario, el país toma la dirección opuesta.
El resultado final ha sido un estatismo perverso cuyos costos son hoy evidentes. La llamada “Enfermedad Holandesa” o “maldición de los recursos” —la espada de Damocles de las economías petroleras— se vuelve letal cuando el petróleo queda en manos del Estado: se desplaza la inversión privada, se incentiva la corrupción, se debilita la competitividad, se expulsa talento y se termina dañando al conjunto del aparato productivo. Otros países ricos en recursos tomaron este riesgo con seriedad y se protegieron mediante arreglos institucionales que limitaron el control estatal y vacunaron sus procesos de desarrollo. Venezuela eligió lo contrario.
Hoy, esa elección se manifiesta con especial nitidez en el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Lejos de corregir el rumbo, el texto funciona como un himno a los tiempos mitológicos: revive premisas falsas —agotamiento de reservas, estrategia de precios altos con baja producción, empresas estatales dominantes y esquemas fiscales rígidos— y pretende resolver con camisas de fuerza lo que exige incentivos, capital y libertad.
Es comprensible que se desee actuar rápido para atraer a las inversiones petroleras que ha promovido el presidente de los Estados Unidos y que tanto bien harán a la economía venezolana. En ese sentido, es loable que se busque flexibilizar el marco legal para hacerlo posible, y entiendo que ese es el espíritu de la reforma que se discute en la Asamblea Nacional de Venezuela.
Pero una reforma sobre una ley que no funciona, no es una medida correcta. Es como tratar de ponerle un techo nuevo a una casa cuyas columnas están fracturadas. En aras de la velocidad, quizás la mejor solución está en montarse en la máquina del tiempo y regresar a la mejor época petrolera de Venezuela. Allí había una Ley de Hidrocarburos que funcionó a la perfección para estimular el desarrollo del país. Esa ley es la de 1943.
La Asamblea Nacional tiene el trabajo casi hecho. La propuesta sería derogar la legislación petrolera vigente y rescatar aquella ley, haciéndole los ajustes pertinentes en su redacción y articulado, en especial lo correspondiente al marco tributario y a los medios de resolución de conflictos (mediación y arbitraje), para que se adapten al presente sin pormenores. Con dicho mecanismo legal, las inversiones se acelerarían.
Hay que aceptar que el petróleo no es distinto de cualquier otro producto explotable: la cebada para la cerveza, las vacas para la carne y la leche, el maíz o la espinaca para la alimentación. Todas las industrias humanas descansan en la misma premisa: mientras más ingenio, esfuerzo y capital se inviertan, mayores serán las probabilidades de éxito. El concepto de “industria básica”, entendido como monopolio o tutela estatal, se sustenta en supuestos falsos. Lo único verdaderamente básico es producir, y se produce más cuanto mayor es la libertad.
La intervención estatal ha estrangulado el sector petrolero: se incentiva la producción en otras regiones del mundo, se merma la capacidad propia, se estimulan precios que facilitan la aparición de competidores y la pérdida de mercados, se abre espacio a la corrupción y la opacidad, se desplaza al talento y se premia la mediocridad. Si el objetivo real es asegurar ingresos fiscales para el Estado, la lógica obliga a transitar el camino opuesto.
La experiencia comparada —y la propia historia venezolana— apuntan a una alternativa clara: convertir el petróleo en un negocio como cualquier otro, liderado por empresas privadas ávidas de producir más para generar retornos a sus inversionistas. En ese entorno, la competencia eleva estándares de excelencia, transparencia y eficacia. Al Estado le corresponde establecer reglas de juego claras e iguales para todos y capturar renta de manera racional a través de impuestos sobre las ganancias.
Pretender apropiarse del 95% de los beneficios, o algo similar, reduce la fuente productiva a casi cero. Los proyectos petroleros son costosos, riesgosos y de largo plazo. No se recauda nada de lo que no se produce. Una carga fiscal menor incentiva inversión; la inversión incrementa producción; la producción eleva ganancias; y las ganancias amplían la recaudación vía impuesto sobre la renta. En estas lides, menos es más.
Por ello, el debate central no es cómo “reformar” una ley construida sobre premisas falsas, sino si Venezuela está dispuesta a derogar ese esquema por completo y sustituirlo por una nueva legislación orientada al desarrollo del Primer Mundo: aquel en el que el individuo y la empresa privada lideran el proceso productivo, y el Estado cumple su función esencial sin sofocar la creación de riqueza. Comprendo que los tiempos apremian y que se necesita actuar rápido. Por eso la propuesta de rescatar la Ley de 1943 (con la adaptación temporal pertinente) quizás podría ser una buena solución. Por algo se empieza.
Venezuela posee las mayores reservas petroleras del planeta. Puede atraer a las mejores empresas energéticas del mundo y a las industrias que inevitablemente las acompañan —infraestructura, construcción, servicios, turismo— y generar círculos virtuosos en cada fase del proceso. La decisión es histórica y urgente: persistir en el mito o volver a la libertad que una vez hizo del país una potencia emergente.
Deja un comentario