El debate sobre Venezuela suele quedar atrapado en una confusión persistente entre legalidad formal, legitimidad política y procedimiento democrático. En Estados funcionales, esa identificación resulta razonable. En un país sometido a un colapso institucional prolongado, como Venezuela, no solo es errónea: es insostenible en lo conceptual
La estrategia impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para Venezuela debe leerse desde esa excepcionalidad. No estamos ante un proyecto de alternancia política ni ante una transición convencional, sino frente a un proceso de reconstrucción estatal bajo condiciones de excepción. Su lógica no es electoral; es fundacional.
La excelencia operativa como prueba de método
La operación del tres de enero —por su alcance, coordinación y resultado— es un indicador central: no de épica, sino de capacidad estatal aplicada. Informes oficiales y análisis independientes coinciden en que se trató de una acción conjunta, planificada, con fases de inteligencia y ejecución táctica que culminaron en la captura de Nicolás Maduro.
Esa excelencia operativa importa por una razón política concreta: demuestra que existe un plan, que el plan es ejecutable, y que la ejecución no depende de improvisaciones ni de retórica. La precisión —en términos en esencia estratégicos— es un activo de gobernanza: cuando un Estado es disuelto por mafias, lo primero que debe reaparecer es la capacidad de imponer orden con método.
Excepción y legitimidad: del origen al propósito
Desde hace veintiséis años, Venezuela carece de instituciones en sentido pleno. El Estado de derecho fue sustituido por un entramado criminal que conservó formas jurídicas mientras vaciaba su contenido. En este contexto, seguir apelando al purismo procedimental como fuente de legitimidad equivale a confundir apariencia normativa con orden jurídico real. Como advertía Hans Kelsen, la validez formal de una norma no agota la cuestión de su eficacia, ni de su inserción en un sistema que produzca obediencia legítima.
Es aquí donde entra la noción de estado de excepción: no como licencia caprichosa, sino como respuesta a una anormalidad radical. Carl Schmitt lo formuló de manera incómoda pero descriptiva: «soberano es quien decide sobre la excepción». El drama venezolano ha sido, durante décadas, una excepción sin decisión ordenadora: ni derecho, ni política, ni soberanía efectiva, sino mera dominación.
La estrategia de Trump introduce una decisión estructurante y, sobre todo, una capacidad de ejecución —probada en el tres de enero— que no existía. No pretende “legitimar” en lo moral al poder venezolano existente: pretende subordinarlo en su funcionalidad a un plan de reconstrucción.
La legitimidad de las normas no tiene por qué depender de la legitimidad del poder interno del que emanan, cuando ese poder opera bajo una tutela estratégica orientada a restaurar el Estado. En situaciones excepcionales, la legitimidad se desplaza del origen al fin. Una norma es legítima no por quién la firma, sino por qué destruye y qué hace posible.
Por eso, en el caso venezolano, las leyes y decisiones que estén autorizadas, avaladas o integradas en el plan de Trump y su equipo sí son legítimas, aunque el poder formal venezolano del que emanen no lo sea. La fuente de legitimación no es el cascarón institucional local —viciado y criminalizado—, sino la sintonía verificable con un proyecto de desmantelamiento del sistema criminal y reconstrucción institucional. El criterio es material: orden, seguridad, economía, justicia, y preparación de condiciones reales para una democracia futura.
Hannah Arendt ayuda a cerrar el círculo: el poder auténtico no se confunde con violencia desnuda; surge cuando un orden logra arraigar y producir obediencia que ya no depende en exclusiva del miedo. Dicho de otro modo: la legitimidad aparece cuando la reconstrucción deja de ser mera coerción y se convierte en vida civil posible.
La reconstrucción de posguerra como precedente
Esta lógica no es novedosa ni ajena a la tradición occidental. Tras la Segunda Guerra Mundial, los procesos de reconstrucción de Alemania, Japón e Italia no se fundaron en una soberanía interna plena ni en autoridades legitimadas en democracia desde el inicio. Por el contrario, se apoyaron en autoridades tutelares externas que impusieron marcos normativos transitorios, reorganizaron instituciones, depuraron aparatos judiciales y militares, y reactivaron economías devastadas.
En Alemania, las primeras normas fundamentales del orden de posguerra no emanaron de un poder alemán legítimo en sentido estricto, sino de una autoridad aliada que condicionó, dirigió y supervisó la reconstrucción institucional. La legitimidad de ese proceso no fue previa: fue consecuencia de su éxito. Lo mismo ocurrió en Japón, donde la reorganización constitucional y administrativa se produjo bajo una tutela externa que nadie habría calificado entonces de “ilegítima” por no surgir de una soberanía intacta. Italia siguió un camino similar.
En todos estos casos, la legitimidad no residió en el origen formal de las normas, sino en su capacidad para producir orden, estabilidad, prosperidad y, al final, democracia real. Primero se reconstruyó el Estado; después vino la política normal.
Por qué Trump y su equipo sí tienen legitimidad para dirigir los cambios
En esta arquitectura, la legitimidad de Trump y su equipo para conducir el proceso deriva de tres elementos concatenados:
- Capacidad real de decisión y ejecución, demostrada en la operación del tres de enero: hay plan, hay mando, hay despliegue, hay resultados.
- Finalidad reconstructiva: no se trata de administrar el colapso, sino de revertirlo mediante fases que restituyan condiciones mínimas de vida política (censo, registro, identificación, depuración judicial y electoral, control territorial, seguridad fronteriza y reactivación económica).
- Vacío de legitimidad sustantiva interna: tras décadas de simulación y coacción, el formalismo local no puede producir legitimidad por sí mismo. En esa anomalía, la dirección efectiva recae —y es inevitable— en el único actor con poder suficiente para imponer un marco transitorio de reconstrucción.
Por eso es necesario frenar a los “despechados de Oslo con su club pro botín de zamuros desorbitados”: su demanda de elecciones inmediatas, sin condiciones, no es democracia; es reproducción de la farsa. Y a ese coro se suman no solo ciertos círculos europeos formalistas, sino también sectores de la izquierda latinoamericana y el Partido Demócrata en Estados Unidos, para quienes el éxito del plan sería intolerable en lo político: preferirían ver a Venezuela en un pozo de estiércol antes de permitir que el plan de Trump tenga éxito.
En situaciones de excepción prolongada, la legitimidad no se hereda ni se declama: se construye. Y hoy, en Venezuela, esa construcción depende del método, la capacidad y la secuencia —ya demostradas— del presidente estadounidense Donald Trump y su equipo. Negarlo en nombre de una democracia abstracta no eleva la moral del argumento: prolonga el colapso.
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