Uno de los actos de justicia más urgentes en el momento histórico que atraviesa Venezuela es compensar a los empresarios que fueron agredidos por el régimen chavista, despojados de sus propiedades y, con ellas, de los sueños, esfuerzos y sacrificios acumulados durante toda una vida.
Muchas de las empresas confiscadas generaban decenas, cientos e incluso miles de empleos. Eran modelos de referencia para la juventud y para la sociedad en su conjunto. Habían surgido desde la nada, impulsadas por un sueño y levantadas sobre principios esenciales: libertad, riesgo, mérito y competencia. Se convirtieron en motores de prosperidad y movilidad social, formando, capacitando y remunerando a generaciones de venezolanos que encontraron en ellas una vía de progreso, autonomía y dignidad.
Estas empresas florecieron en una Venezuela que prometía como nación. En aquellos años, pocos venezolanos emigraban; casi nadie se iba. Por el contrario, el país era símbolo de libertad y de oportunidades, con las puertas abiertas para quienes deseaban echar raíces y construir un futuro. Venezuela era aliada de las naciones libres, arraigada en la cultura occidental —heredera de la Grecia de Pericles y del derecho romano— y rompía récords de crecimiento económico mientras alcanzaba hitos en salud y seguridad social.
Tan sólida era esa percepción que incluso la cultura popular internacional la recogía. En 1961, el escritor británico Ian Fleming mencionó al bolívar venezolano como una de las monedas más fuertes del mundo —junto al franco suizo— en su novela Thunderball, donde los villanos consideran conservar sus ganancias ilícitas en francos suizos y bolívares, reflejo de la estabilidad monetaria venezolana de finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta.
Los empresarios venezolanos asumían riesgos y accedían a crédito razonable para materializar sus proyectos. En alianza con países como Estados Unidos, Francia y España, desarrollaban capacidades productivas, intercambiaban tecnología y talento humano, y abrían mercados nacionales e internacionales. Algunas industrias alcanzaron niveles técnicos comparables a los de Japón, Alemania o Estados Unidos. Sectores como la metalmecánica, petroquímica, petróleo y gas, siderurgia, construcción, alimentos y bebidas, aeronáutica, telecomunicaciones, electricidad, turismo, banca, salud, cultura y recreación daban forma a una economía emergente muy atractiva para la inversión.
Venezuela pasó, en pocas décadas, de ser un país devastado por las guerras del siglo XIX y las montoneras de comienzos del XX a convertirse en un actor relevante de la comunidad internacional, con ciudades cosmopolitas que no desmerecían frente a las grandes metrópolis del mundo. Esa trayectoria se quebró cuando el Estado se sobredimensionó y se desnaturalizó. De facilitador y regulador pasó a convertirse en empresario, invadiendo espacios propios de la iniciativa privada y tejiendo una red de incompetencia, corrupción e irresponsabilidad que atrapó al destino nacional.
El golpe definitivo llegó en 1992 con la caída de Carlos Andrés Pérez, que puso fin al último intento serio de encaminar a Venezuela hacia la modernización, la apertura y la competencia. Aquella ruptura allanó el camino a fuerzas que rechazaban la eficiencia, la meritocracia y la libertad económica, y que terminaron facilitando la llegada del chavismo.
Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se implementó una política sistemática de confiscaciones, nacionalizaciones e intervenciones, especialmente en sectores considerados “estratégicos”. Según estimaciones de organizaciones como Cedice Libertad y Transparencia Venezuela, más de mil empresas privadas fueron afectadas, muchas de las cuales terminaron en quiebra, con su producción paralizada y miles de trabajadores lanzados al desempleo.
Estos actos constituyeron despojos injustos y confiscaciones viles. Los casos han sido documentados con amplitud y precisión. Algunos propietarios obtuvieron sentencias favorables en tribunales; muchos otros siguen esperando. Casi todos aguardan aún una compensación justa.
Hoy, cuando se abre una ventana hacia un futuro distinto, la reconstrucción de Venezuela debe comenzar por hacer justicia con las víctimas de estos despojos. El país que aspire a renacer debe hacerlo sobre principios sólidos. La propiedad privada es sagrada: es la base de la libertad y el pilar que permite el progreso de las sociedades.
Estados Unidos lo comprende. Ha llegado el momento de que Venezuela también lo haga. La compensación a los empresarios despojados no es un ajuste de cuentas con el pasado, sino la condición indispensable para construir un futuro de prosperidad real y sostenible.
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