Antes de entrar en este análisis, y debido a los ataques personales que he recibido, lo primero que debo puntualizar es lo siguiente:
- Considero al Narcotráfico un crimen de Lesa Humanidad.
- Soy el primer venezolano que denunció a nivel nacional e internacional la existencia de un Narcoestado; un régimen incurso en terrorismo de Estado y crímenes de Lesa Humanidad.
- Soy el primer venezolano que llevó las pruebas de los crímenes del régimen a las cortes internacionales (ver: https://energizandoideas.com/2020/03/26/terrorismo-de-estado-y-lesa-humanidad-en-venezuela/)
- He escrito la primera doctrina y literatura sobre Lesa Humanidad y Terrorismo de Estado en Venezuela.
- He defendido como representante legal en las cortes nacionales e internacionales a víctimas de crímenes de Lesa Humanidad y Terrorismo de Estado.
- Soy el primer venezolano que diseñó y promovió una estrategia exclusivamente dirigida a solucionar el problema del Narcoestado y la presentó formalmente a autoridades nacionales e internacionales.
- Soy el primer venezolano que exigió nacional e internacionalmente desconocer la legitimidad del régimen por ser un cartel de droga.
- Nunca he hecho política o emitido opiniones de carácter político movido por fines personales, mucho menos por razones de interés económico. Jamás he recibido un centavo, ni pretendo hacerlo, por la lucha que durante 25 años le he dedicado a la libertad de Venezuela.
- No soy miembro ni afín a ningún partido u ONG, de ninguna naturaleza.
Mi único compromiso es con la Libertad de Venezuela y los valores humanos, por los que he luchado toda mi vida y he dejado evidencias incuestionables sobre ello.
Aclarado dichos puntos, ahora paso a analizar el asunto que motivó este escrito: el lanzamiento en aguas internacionales por parte del gobierno de EEUU de un misil «AGM 114 Hellfire» que explotó en una lancha, tipo peñero motorizado, y voló en pedazos a la embarcación y a las once personas que iban en ella (y que no se ven todas en el video). El argumento para hacerlo es la lucha contra los narco carteles y el alegato de que la lancha iba cargada de droga.
Ocurrido el suceso, escribí en mis redes sociales la siguiente opinión:
Respecto a la lancha que se volaron como si fuera un juego de video, la primera pregunta que me hago es: ¿quién le dio a Trump el poder de decidir sobre la vida y la muerte; erigiéndose como juez supremo que ejecuta sentencias capitales a su gusto?
Aún si los lancheros eran criminales, eso no le da el derecho a Trump de matarlos en aguas internacionales; mucho menos cuando no podemos saber si en realidad esos lancheros merecían un castigo semejante.
Además, bien raro es que unos narcos fueran tan imbéciles como para andar en una lancha llena de cocaína en el preciso momento que USA está haciendo maniobras militares en esa zona para combatir el narcotráfico.
La destrucción de esa lancha es un vil asesinato. Celebrarlo es un error. Son demasiadas presunciones hechas sobre un hecho del cual jamás tendremos evidencia alguna.
Lo que sí es seguro es que Trump atravesó una línea que no tiene derecho a traspasar.
¿Y si en esa lancha había un bebé?
¿Y si en esa lancha había un secuestrado? ¿Y si la información sobre los lancheros estaba errada? Y así ad Infinitum!
No vivimos en el lejano Oeste de vaqueros e indios. Estamos en el siglo XXI y debemos aspirar a un mundo diferente… sin duda mejor que aquel y que este.
Terrible lo ocurrido. Marca un precedente peligroso e inaceptable.
El comentario generó en lo inmediato un volcán de pasiones, donde he sido atacado (para variar), con los epítetos más venenosos y patéticos que puedan recibirse, incluyendo asuntos personales delicados. Algunos de estos ataques han venido de seguidores con los que inclusive he tenido gestos de amistad y cariño en el pasado:
Aunque comprendo que las emociones están a flor de piel en Venezuela, por razones harto evidentes y justificadas, este tipo de explosiones revela un aspecto humano y sociopolítico que merece estudios psicológicos profesionales y por tanto no creo que sea yo la persona indicada para hacerlos, ya que no soy psicólogo ni psiquiatra.
Comprendo que todos los venezolanos no chavistas ni “enchufados” deseamos un mejor país y estamos desesperados por una solución a la tragedia que sufrimos como colectivo.
Comprendo también que, ¡POR FIN!, muchos han entendido que los elementos necesarios para abordar el problema requieren de la colaboración internacional y del uso legítimo de la fuerza. Y entiendo que si el presidente Trump y su gobierno han desplegado flotas, submarinos, drones y marines cerca de nuestras costas, exista el deseo de que esa constituya la ayuda que necesitamos. Este anhelo es válido y, obvio, comprensible desde todo punto de vista.
Mas, para que una lucha tenga sentido y sea exitosa debe cumplir ciertos parámetros esenciales en el plano de los valores humanos, la legitimidad, la inteligencia y las circunstancias contextuales: históricas, políticas, legales y estratégicas.
Lo primero que ha de entenderse es que si la lucha se emprende violando estos principios, es seguro que no terminará bien, y en lugar de solucionar el problema, creará muchos nuevos y empeorará la realidad que se quiere cambiar, haciendo más difícil y hasta imposible su resolución.
El ataque al peñero motorizado, presuntamente narco, viola principios elementales de derechos humanos, derecho internacional, derecho de los mares, y también la legislación estadounidense y de cualquier país que tenga como bases de su derecho la ética, la lógica y la justicia.
Empecemos por el peñero motorizado, y lo haré dirigiéndome a ti, apreciado lector. Imagina por un momento lo siguiente:
. Tu hijo es adicto a las drogas, tiene muchos años padeciendo esa enfermedad, y un cartel le dice que para seguirle suministrando polvo, debe transportar un cargamento pequeño de X a Y. Tu hijo, que se fue de tu casa hace años y no quiere nada contigo, adicto como está y desesperado, acepta el trato y se monta en la lancha.
- A tu hermano, que fue secuestrado por el cartel, le obligan a montarse en el peñero para que sirva de apoyo en la operación.
- Una amiga embarazada de tu vecina tiene problemas financieros muy graves, y en un acto de locura, acepta colaborar con unos tipos que le convencieron para que llevara en una lancha unos paquetes de droga del destino X al destino Y.
- En un caso muy sonado, un avión misionero con una familia estadounidense fue confundido con narcotraficantes y derribado por la Fuerza Aérea Peruana con apoyo de la CIA. Murieron una madre y su bebé. El caso mostró los riesgos de usar fuerza letal contra objetivos “sospechosos”. (ver: https://www.infobae.com/peru/2024/08/21/el-avion-que-la-cia-y-la-fap-derribaron-en-la-selva-peruana-a-bordo-iba-una-familia-de-misioneros-estadounidenses/).
- En Sri Lanka (guerra civil con los “Tigres Tamiles”,1980-2000) la Marina de dicha nación hundió barcos pesqueros acusados de transportar armas para los rebeldes tamiles y hubo evidencias claras de que muchos eran civiles inocentes confundidos con insurgentes. (ver: https://www.scribd.com/document/814005410/Libro-Las-Claves-Del-Mundo-Actual-Edicion-2014-Antigua).
- Los conflictos bélicos también deben seguir protocolos, por eso existen los crímenes de guerra y los tribunales para juzgarlos.
- Ninguna persona, por más aliada tuya que sea, debe tener el poder de decidir sobre la vida y la muerte de los seres humanos, en especial cuando las acciones no se están cometiendo dentro de su jurisdicción competente, ni responden a una amenaza directa y proporcional. El abuso de poder debe ser condenado como principio fundamental, venga de donde venga.
La lancha arranca rumbo a un destino incierto, y está navegando a más de dos mil kilómetros de las costas estadounidenses, cuando del cielo cae un misil y mata a todos los tripulantes y pasajeros de la embarcación, incluyendo a tu hijo, a tu hermano y/o a la amiga embarazada de tu vecina.
Entonces preguntas qué pasó allí y te responden que te calles la boca y aceptes lo que hizo el gobierno por un asunto de interés nacional. Vuelves a preguntar y te dicen que no seas imbécil y que entiendas que la droga es un mal terrible y que a “esos narcos” hay que borrarlos de la faz de la tierra. Tú obvio que estás de acuerdo que la droga mata, que los carteles son asesinos y que la lucha contra ellos es una guerra sin cuartel. Y entonces preguntas:
. ¿Iban en esa lancha los jefes del cartel o sus comandantes principales, o unos pobres infelices muy lejos de ser terroristas, que buscan sobrevivir de manera errada y penal (o, peor, unos inocentes obligados por esos infelices)?
- ¿Estaba la seguridad nacional de EEUU en riesgo por una lancha sin armas de fuego y a dos mil kilómetros de sus costas y que el mismo Secretario de Estado afirmó que no se dirigía a los Estados Unidos? Y otra pregunta: ¿se soluciona el problema de las drogas disparándole misiles a unos cuantos barcos, cuando alrededor del mundo entero la droga circula de infinitas formas posibles? ¿Ese método (lanzar misiles) es en realidad una estrategia efectiva e inteligente para confrontar a este flagelo, donde existen millones de consumidores que también contribuyen al negocio? ¿No será más efectivo legalizar, controlar y educar en lugar de seguir provocando con su penalización que existan los carteles asesinos (caso Alcohol en tiempos de la prohibición de los años veinte) que no van a dejar de existir porque les exploten unos cuantos barcos o aviones ?
- ¿Tiene alguna proporción lógica y aceptable que un misil, que provoca la muerte segura, ataque a un peñero motorizado que no carga armas de fuego, en medio de aguas internacionales donde EEUU no tiene jurisdicción y provoque la muerte de once personas de las que no se sabe nada de sus vidas e identidades, salvo que se presume que son narcotraficantes? ¿Cuánta droga puede llevar un peñero que carga encima a once personas, incluyendo el combustible de la embarcación?
- ¿Puede un delito cuya pena no pasa de los cinco años de cárcel ser sentenciado con la pena de muerte de ejecución inmediata, sin debido proceso, sin derecho a la defensa, sin indagar en sus circunstancias concretas, sin saber nada sobre las vidas de los sentenciados, sin presentar una sola prueba más allá de la palabra de los ejecutores?
- ¿Puede una sola persona tener el poder de tomar la decisión de realizar un ataque de esa naturaleza, sin mayor justificación que su poder (no capacidad legal) para hacerlo?
- ¿Para ti es suficiente la palabra del que disparó el misil? ¿Y si los que iban en ese peñero eran unos venezolanos desesperados, huyendo de Venezuela? ¿Has visto las fotos de las drogas que llevaban? ¿Has visto las identidades de los muertos? ¿Sabes en realidad lo que pasó allí? ¿Cuánta droga puede llevarse en un peñero? ¿Tienes una sola evidencia en tu mano que avale que la palabra oficial es la verdad incuestionable?
- ¿Aceptarías esta clase de acciones si fuera tu enemigo quien las realizara, usando los mismos argumentos que los utilizados en este caso por el gobierno de USA?
- Imagina por un segundo que X es el presidente de USA y que X se volvió loco y tiene a unos enemigos personales que desea eliminar: ej. Unos contratistas que compiten por una licitación que la familia de X desea ganar. Entonces X manda a secuestrarlos y a montarlos en una lancha, que la ponen a navegar en aguas internacionales. X se inventa que son narcos y le lanza un misil. Entonces te dice que lo hizo por la seguridad nacional y que tiene el poder de hacerlo. ¿No necesitas algo más que la palabra de la persona que ordenó el disparo del misil? ¿Deseas vivir en un mundo donde un supuesto así sea posible dada la falta de interés en que exista un mínimo de debido proceso implícito?
- ¿Vale la pena “ganar” una guerra si para hacerlo se violan todos los principios existentes que sustentan los derechos humanos, el derecho internacional, el derecho nacional y el derecho aplicable a las guerras? ¿Crees que se puede ganar una guerra en la actualidad a partir de posibles engaños (que se pueden presumir cuando no existen pruebas en contrario) y cuando los objetivos militares son imprecisos, cuestionables y sin ninguna evidencia de ser enemigo, más allá de las presunciones, especulaciones y vocería oficial?
Y ahora te pregunto a ti lo siguiente, lector venezolano:
- ¿Se soluciona el problema en Venezuela con una guerra de guerrillas tipo Vietnam? Porque parece que muchos olvidan lo siguiente:
a) Hay millones de colectivos armados hasta los dientes con armas de guerra, bien entrenados y dispuestos a dispararle al pueblo venezolano a diestra y siniestra;
b) Hay comandos del ELN y de las FARC en ¾ partes de un territorio nacional con más de un millón de kilómetros cuadrados;
c) Las FFAA son parte del problema. No es cierto que el 80% esté con «el pueblo». Desde los mandos medio bajos, hasta todo el alto mando están comprometidos con «la revolución» y entrenados, durante 25 años, para dispararle al pueblo venezolano. Prueba irrefutable de esto son, entre muchos otros ejemplos: la entrega del territorio nacional (hace seis años tenía cierta esperanza en ellos, pero ya no), su ocupación por todo tipo de mafias, la masacre de Óscar Pérez (QEPD), el ataque a los estudiantes, los infinitos llamados frustrados a que se unan a la libertad (salvo los pocos soldados que atendieron el llamado del sujeto que lideró el «interinato», solo para dejarlos abandonados a su suerte, sin techo ni comida, en la frontera colombiana), permitir fraudes electorales reiterados, etc.
La genuina Fuerza militar «venezolana» (chavista), no se encuentra en lo que la gente recuerda de las FFAA. La organización, institucionalizada, está en las milicias, entrenadas e ideologizadas desde hace 25 años para la guerra asimétrica para la cual EEUU no ha demostrado signos de competencia. Ej. Vietnam, Irak, Afganistán Libia, Siria, etc. Subestimar ese poder es una irresponsabilidad. Están entrenadas por el G2 cubano, por Rusia, China e Irán; y otros grupos terroristas con muchas décadas de experiencia: el ELN, las FARC, ETA, Hezbolá e Isis, entre otros.
d) La invasión militar estadounidense implicaría una ola inmensa de condena internacional, que haría imposible la gobernanza legítima. Y eso sin contar que Rusia, China, Irán y Corea del Norte no se quedarían de brazos cruzados. ¿Estás preparado para una guerra tipo Vietnam (guerra de guerrillas en urbes, ríos y mares, selva y montaña)?
e) Absurdo hablar de «extracciones quirúrgicas» (hace seis años todavía había cierto margen para esto; ya no), cuando todo el sistema desde la cabeza a los pies debe ser desarticulado. Se murió Chávez y el sistema permaneció intacto. Hay que «extraer» a todos los poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, militar, etc.; a los millones de milicianos, a los infiltrados y a todos los movimientos insurgentes: las FARC, el ELN, fundamentalismo islámico, ETA, Hezbolá e Isis.
Aliados del régimen chavista, capaces de involucrarse en la guerra con EE.UU.
¿Existe alguien que pueda pensar que esto se logra con «extracciones quirúrgicas» (hace seis años el contexto geopolítico, internacional e interno era otro)? ¿Alguien recuerda acaso el desastre que fue la reciente intervención de EEUU en Irak, en Afganistán, en Libia, entre otros? ¿Por qué el gobierno legítimo en el exilio no se encarga de organizar las acciones, de modo que no se trate de intervenciones extranjeras, sino de acciones legales de un gobierno legítimo? ¿Nadie se pregunta eso?
- ¿Estás consciente que hacer una invasión de esa naturaleza ilegitima, de hecho y de derecho, la posibilidad de sustituir al régimen actual y, por el contrario, lo fortalecería mucho más; pero no sin antes haber dejado en el camino millones de muertos, toda la infraestructura energética (incluyendo los pozos petroleros, refinerías y estaciones de servicio)y de telecomunicaciones destruida, todos los comercios incendiados, las viviendas pulverizadas u ocupadas por invasores de todo tipo, las vías de comunicación (calles, carreteras, autopistas, puertos marítimos y aeropuertos) hechos cenizas?
- ¿No te parece que si USA hace ataques ilegítimos, ilegales y cuestionables desde el punto de vista de los valores humanos y del Derecho, eso en lugar de debilitar, fortalece al Narcorégimen, dándole argumentos de peso para legitimarse frente al mundo y frente a sus adeptos?
- ¿No crees que hubiera sido mucho más efectivo incautar la droga y mostrarla como evidencia del tráfico que se lleva a cabo desde Venezuela?
- La embarcación ni siquiera tenía bandera… ¿cómo puede ser creíble para el mundo que venía de Venezuela (se sabe por testimonio de familiares de los lancheros, pero no por evidencias formales) y/o de carteles ligados al régimen si esta afirmación no se demuestra con evidencias irrefutables? ¿Conviene que se pierda credibilidad legal y moral en una lucha tan delicada como esta para el destino de Venezuela? ¿No hubiera sido mejor mostrar a los sujetos que iban en esa lancha y evidenciar su procedencia y objetivos? ¿No le da esta falta de cumplimiento en la presentación de evidencias más fuerza al régimen para sustentar su tesis de que existe un complot y que el asunto del narcotráfico es una patraña?
Hacerlo bien para que no se pierda la fuerza moral y la legitimidad
Para solucionar la pesadilla venezolana existen otras formas que no violan para nada ningún principio de derecho natural y jurídico (ver: https://energizandoideas.com/2019/07/29/jaque-mate-a-maduro/); y que aunque también generaría una confrontación armada impredecible, al menos se haría respetando todos los principios necesarios para que la lucha sea legítima e imposible de condenar por la comunidad internacional a partir del Derecho y el deber ser.
Además, y muy importante, no se trataría de una «invasión militar extranjera», condenada por las leyes internacionales y por buena parte del planeta, sino que sería una operación policial donde se respetaría la soberanía de Venezuela, no se violaría ninguna ley internacional, y la responsabilidad recaería 100% sobre las espaldas de un gobierno legítimo venezolano, evitando con esto la odiosa percepción de país inútil que necesita a una potencia extranjera para determinar su destino como nación.
Pero esta solución no se ha contemplado con seriedad por parte de quienes tienen el poder de ejecutarla. La pregunta es: ¿por qué? Insisto: ¿Qué hace que teniendo un gobierno legítimo en el exilio, este no sea el que organice legal, policial y estratégicamente la liberación de Venezuela?
Entrevista en Panampost, donde explico la estrategia policial. Notar que fue hace seis años, y que las circunstancias de entonces no son las mismas que las actuales. Además, cuando me entrevistaron, aún Venezuela no había sido traicionada por el presidente interino y su camarilla. Es esencial resaltar que mucha de la gente que conformó dicho «gobierno», hoy son voceros internacionales del presidente legítimo que se encuentra exiliado en Madrid y constituye su equipo de trabajo, el cual he dudado desde siempre que tenga la voluntad y capacidades para hacer lo necesario para liberar a Venezuela; falta de voluntad y/o capacidad que ha quedado demostrada sin la menor duda.
Al fin y al cabo, dicho individuo emergió del seno de la MUD (entidad infiltrada por el régimen desde que nació), escogido a dedo por miembros de dicha entidad y acompañado de algunos de los personajes más nefastos de la política venezolana, responsables de la desaparición de la ayuda humanitaria, así como de manejos cuestionables de los activos de Venezuela en el exterior.
Considero que con esas personas es imposible rescatar al país. Y el problema que está planteado es un asunto de gobernabilidad: una vez «extraído» Maduro y sus camaradas, se hace necesario erigir un gobierno dictatorial, capaz de poner orden y mantener el control del poder, mientras se ejecutan las políticas públicas de recuperación nacional. Sin un equipo de personas dispuesto y con la capacidad de tomar dicho control y conservarlo, lo que se produciría con una intervención militar de EEUU (que de por sí será condenada por gran parte del planeta) es solo la parte correspondiente a la destrucción: no quedaría piedra sobre piedra, y Venezuela quedaría reducida a un campo de guerra interminable, que es exactamente lo que ha sucedido en Vietnam, Irak, Afganistán, Libia, Siria, entre otros.
La razón por la que veo con angustia la posibilidad de una acción militar estadounidense es en esencia la incapacidad de gobernabilidad que existe en la actualidad, tomando en cuenta los demonios que se desatarán cuando estalle la guerra.
Mucha gente subestima el poder del chavismo para contraatacar e incendiar al paîs de forma permanente. Están entrenados para eso y tienen el equipo y los respaldos internacionales suficientes para dar una batalla interminable que reduciría a Venezuela a escombros sin posibilidades reales de recuperación.
Una acción militar en este contexto, solo convertiría a Venezuela en un territorio fallido, mucho más que ahora, infinitamente más que ahora; donde la miseria, el éxodo y el dolor actuales se mutiplicarían de forma exponencial, incrementándose la tragedia a niveles inimaginables. Por esto es fundamental mantener la ecuanimidad y preguntarse si la desesperación por solucionar la crisis no podría abrir una caja de Pandora que desate los peores demonios.
Lo que está sucediendo debe ser reflexionado con seriedad y libre de pasiones que hagan imposible la comprensión del problema. Todos deseamos la libertad y prosperidad de Venezuela. Y es por eso que al menos deberíamos pensar sobre estas cosas.
En este momento no tengo la respuesta. No veo la salida del laberinto en la actualidad. Pero no tenerla ni verla, no es razón para pensar y ver con claridad que esa respuesta tampoco se encuentra en una intervención militar en la forma como se está planteando al día de hoy. Allí no la veo.
Reitero: es un tema de gobernabilidad, control del poder y capacidad de ejecutar las políticas públicas necesarias en un contexto de guerra de guerrillas, con armas letales. Porque la guerra estallaría, una guerra de guerrillas nada convencional y para la que EEUU no está capacitada, visto lo ocurrido en el Medio Oriente y en Asia Menor, donde desatados los demonios, EEUU no ha sido capaz de controlarlos, todo lo contrario.
¿ Alguien en realidad puede pensar que el señor escogido a dedo como presidente legítimo y su equipo de la MUD (los mismos personajes del interinato) sí está en capacidad de hacerlo? ¿Tienen la capacidad operativa y la legitimidad ética para librar una guerra como la que explotaría?
Una vez hecho polvo el país, convertidos en cenizas toda la infraestructura vial, industrial y comercial, viviendas privadas, medios de comunicación, fuentes de suministros, entre otros.: ¿cuentan esas personas con la capacidad de seguir librando una guerra de guerrillas con los peores demonios y a la vez reconstruir a la nación?
Cada quien se responda eso en el interior de su consciencia. Yo, por mi parte, ya lo hice.
Ejemplo de venta de humo
Ahora sí me pondré formal con mi traje de abogado y te explicaré el problema desde el punto de vista de la Justicia y el Derecho. Ojalá encuentres el tiempo y la paciencia para leerlo completo y que pueda servirte de insumo para tus propias reflexiones y conclusiones. Muchas gracias por leerme:
1. Derecho Internacional: según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), las aguas internacionales están fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, y los buques civiles gozan de libertad de navegación. Atacar una lancha civil sin pruebas claras y sin seguir procedimientos legales viola principios esenciales del derecho internacional, como la proporcionalidad y la necesidad. Incluso si se sospecha de narcotráfico, los estados deben seguir protocolos de interdicción marítima, que generalmente implican inspecciones y detenciones, no ataques directos.
2. Autoridad Legal en Estados Unidos: el presidente, como comandante en jefe, tiene autoridad para ordenar acciones militares, pero estas deben cumplir con la Constitución, las leyes federales (como la Ley de Poderes de Guerra) y las normas internacionales. Un ataque a una lancha civil sin pruebas contundentes, o sin una amenaza inminente (como autodefensa) se considera ilegal y requiere justificación ante el Congreso y los tribunales.
3. Pruebas y Proporcionalidad: el argumento de «narcotraficantes» no es suficiente por sí solo para justificar un ataque militar. Deben existir pruebas verificables de una amenaza grave, como tráfico de drogas a gran escala, o una amenaza directa a la seguridad nacional. Incluso en esos casos, el uso de la fuerza debe ser proporcional, y un misil es una respuesta extrema contra una lancha civil.
4. Consecuencias: un ataque de este tipo podría generar una crisis diplomática, sanciones internacionales y posibles acusaciones de crímenes de guerra si se demuestra que se atacó a civiles sin justificación. Además, podría ser cuestionado legalmente dentro de los EE.UU. por violar derechos humanos y leyes federales.
El presidente no tiene la autoridad para ordenar un ataque de este tipo sin pruebas claras, autorización legal y cumplimiento del derecho internacional. Cualquier acción de esta naturaleza exige un proceso de interdicción marítima, no un ataque directo.
El ataque del martes 2 de septiembre de 2025 en el mar Caribe, según la información disponible, plantea serias cuestiones legales y éticas bajo el derecho internacional y las leyes estadounidenses. A continuación, se analiza el incidente en el contexto de la legalidad de un ataque militar ordenado por el presidente de EE.UU. contra una lancha civil en aguas internacionales bajo el argumento de narcotráfico:
1. Contexto del Ataque: según múltiples fuentes, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio confirmaron que las fuerzas armadas de EE.UU. ejecutaron un «ataque letal» contra una embarcación en el sur del Caribe, presuntamente operada por la organización criminal “Tren de Aragua”, designada como «narcoterrorista» por EE.UU.
El ataque, descrito como un «ataque de precisión», resultó en la muerte de once personas a bordo, quienes fueron acusados de transportar drogas desde Venezuela hacia EE.UU. (Aunque Rubio, en declaraciones a la prensa afirmó que el destino era Trinidad u otro destino parecido)… Trump afirmó que la embarcación transportaba «muchas drogas» y que el ataque fue ordenado directamente por él, mientras que Rubio señaló que se trataba de una operación contra una organización narcoterrorista. Un video compartido por Trump en Truth Social mostró una lancha con aspecto de peñero siendo atacada desde el aire.
2. Legalidad bajo el Derecho Internacional
– Violación del principio de libertad de navegación: según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), los buques civiles en aguas internacionales gozan de libertad de navegación. Un ataque militar directo contra una embarcación civil, sin evidencia pública de una amenaza inminente o sin seguir procedimientos de interdicción (como inspección o detención), podría considerarse una violación del derecho internacional.
– Falta de proporcionalidad y necesidad: el derecho internacional exige que cualquier uso de la fuerza sea proporcional y necesario. Atacar una lancha con un «ataque letal» (potencialmente con misiles o fuego aéreo) para abordar presunto narcotráfico, sin intentar primero interceptar o inspeccionar la embarcación, puede ser considerado desproporcionado. Expertos como Adam Isacson, citado en publicaciones de X, calificaron el ataque como un posible «crimen de guerra» por no cumplir con el principio de legítima defensa.
– Ausencia de pruebas públicas: EE.UU. no ha proporcionado detalles específicos sobre la naturaleza de las drogas, la cantidad, o cómo se determinó que los tripulantes eran miembros del “Tren de Aragua”. Esta falta de transparencia dificulta justificar el ataque bajo el derecho internacional, que exige pruebas incuestionables para acciones de esta magnitud.
3. Legalidad bajo el Derecho Estadounidense
– Autoridad presidencial: como comandante en jefe, el presidente tiene autoridad para ordenar operaciones militares, pero estas deben cumplir con la Constitución y la “Ley de Poderes de Guerra de 1973”, que exige notificar al Congreso en un plazo de 48 horas para ciertas acciones militares. No hay evidencia de que el ataque haya sido notificado al Congreso como una acción militar significativa, lo que podría hacerlo legalmente cuestionable.
– Designación de «narcoterroristas»: la designación del “Tren de Aragua” como organización terrorista por parte de EE.UU. en febrero de 2025 permite al gobierno justificar acciones militares bajo la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 2001, pero esta autorización está destinada en esencia para combatir terrorismo global, no narcotráfico. Usarla para justificar un ataque contra una embarcación civil podría ser interpretado como un abuso de autoridad.
– Críticas internas: ex asesores de Seguridad Nacional como Juan S. González han señalado que el ataque es «legalmente cuestionable» tanto bajo el derecho estadounidense como el internacional, argumentando que no se siguieron procedimientos estándar de interdicción marítima, como los liderados por la Guardia Costera.
4. Consecuencias Geopolíticas
– El ataque ha intensificado las tensiones con Venezuela, cuyo gobierno, liderado por Nicolás Maduro, denunció el incidente como un montaje y una agresión imperialista para justificar una intervención por el petróleo venezolano. Maduro acusó a Marco Rubio de manipular a Trump y afirmó que el video del ataque es falso (ya se demostró, por los familiares de los jóvenes lancheros, que sí ocurrió el hecho).
– Países de la región, como Cuba y miembros de la CELAC, han rechazado la presencia militar estadounidense en el Caribe, considerándola una amenaza a la paz regional.
Por otro lado, aliados como Guyana y República Dominicana han mostrado cierto apoyo a las acciones antidrogas de EE.UU. Surgen voces del mundo entero condenando el ataque y su falta de cumplimiento de las normas elementales del derecho internacional y los derechos humanos. Por su parte, los BRICS no se hicieron esperar y condenaron de forma tajante cualquier intervención militar de los EEUU sobre Venezuela:
– El despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, incluyendo destructores y un submarino nuclear, sugiere una escalada militar que podría interpretarse como una demostración de fuerza más allá del combate al narcotráfico, posiblemente vinculada a intereses geopolíticos y energéticos.
5. Evaluación del Incidente
– Ilegalidad potencial: basado en el derecho internacional, el ataque podría considerarse ilegal si no se siguieron protocolos de interdicción marítima, si no había una amenaza inminente que justificara el uso letal de la fuerza, o si la embarcación no fue debidamente identificada como una amenaza terrorista. Las críticas de expertos y exfuncionarios refuerzan esta perspectiva, señalando que el ataque no cumple con los estándares de proporcionalidad ni con los procedimientos habituales de la Guardia Costera para operaciones antidrogas.
– Falta de evidencia verificable: la ausencia de información detallada sobre la carga de la embarcación, la identidad de los tripulantes, o la metodología para determinar su vinculación con el “Tren de Aragua” debilita la justificación del ataque. La denuncia venezolana de que el video es un montaje de inteligencia artificial agrega más dudas sobre la legitimidad de la operación.
– Contexto político: el ataque ocurre en un momento de alta tensión entre EE.UU. y Venezuela, con acusaciones de Washington contra Maduro por liderar un supuesto «cartel de los Soles» y una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Esto sugiere que el ataque podría tener motivaciones geopolíticas más allá del combate al narcotráfico, como presionar al régimen venezolano o consolidar una narrativa interna en EE.UU. sobre la lucha contra el crimen. Esta sospecha es motivo para que decenas de países y organismos internacionales condenen las acciones.
Analizar la legislación vigente y los precedentes legales relacionados con el uso de la fuerza en aguas internacionales contra embarcaciones civiles, específicamente en el contexto de operaciones antidrogas, requiere un examen exhaustivo del derecho internacional, el derecho marítimo, el derecho internacional humanitario y las leyes nacionales de EE.UU. A continuación, se presenta un resumen de las normativas aplicables y los precedentes legales relevantes, con énfasis en el incidente del 2 de septiembre de 2025 en el mar Caribe, donde EE.UU. atacó una lancha civil bajo el argumento de narcotráfico.
Legislación Internacional Vigente
1. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, 1982)
Entrada en vigor: 16 de noviembre de 1994. Ratificada por 169 estados y la Unión Europea, pero no por EE.UU., aunque este reconoce la mayoría de sus disposiciones como derecho internacional consuetudinario.
Disposiciones relevantes
– Artículo 87: establece la libertad de navegación en alta mar, aplicable a todos los estados, garantizando que los buques civiles pueden navegar sin interferencias injustificadas. Cualquier acción contra una embarcación debe justificarse bajo principios de necesidad y proporcionalidad.
– Artículo 88: los mares deben usarse con fines pacíficos, lo que implica que el uso de la fuerza debe ser excepcional y estar justificado.
– Artículo 110 (Derecho de visita): permite a buques de guerra de un estado realizar inspecciones en alta mar si hay sospecha razonable de actividades ilegales, como tráfico de drogas. No obstante, el procedimiento estándar es la interdicción (abordaje e inspección), no el uso inmediato de fuerza letal. El uso de la fuerza debe ser proporcional y solo en casos de resistencia activa o amenaza inminente.
– Artículo 111 (Persecución en caliente): autoriza a un estado a perseguir un buque sospechoso desde su zona económica exclusiva (ZEE) hasta alta mar, pero solo si se inicia en aguas bajo su jurisdicción y se siguen procedimientos legales.
– Artículo 301: prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de cualquier estado, en línea con la Carta de la ONU. El ataque del 2 de septiembre de 2025, ocurrió en aguas internacionales sin intento de interdicción previa y viola los principios de libertad de navegación y proporcionalidad de UNCLOS. La falta de evidencia pública sobre la amenaza inmediata, o la confirmación de actividades narcoterroristas agrava la ilegalidad.
2. Carta de las Naciones Unidas (1945)
– Artículo 2(4): prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, salvo en casos de legítima defensa. (Artículo 51) o autorización del Consejo de Seguridad.
– Artículo 51: permite el uso de la fuerza en legítima defensa si hay un ataque armado o una amenaza inminente. En el caso de la lancha, EE.UU. tendría que demostrar que la embarcación representaba una amenaza directa a su seguridad nacional, lo cual no ha sido respaldado con pruebas públicas. El argumento de EE.UU. de que la lancha pertenecía al “Tren de Aragua”, designado como organización narcoterrorista, podría intentar justificarse bajo el Artículo 51, pero la falta de transparencia sobre la amenaza inmediata y el uso de fuerza letal sin interdicción previa debilitan esta justificación.
3. Derecho Internacional Humanitario (DIH)
– Convenios de Ginebra (1949) y protocolos adicionales: aunque el DIH se aplica principalmente en conflictos armados, sus principios de distinción, proporcionalidad y necesidad son relevantes para operaciones militares contra civiles sospechosos de actividades ilegales. Atacar una embarcación civil sin confirmar su naturaleza (por ejemplo, si había civiles no combatientes a bordo) podría violar el principio de distinción.
Si la lancha llevaba civiles no involucrados en actividades criminales, el ataque sería una violación del DIH. La falta de información sobre la identificación de los tripulantes como combatientes o narcoterroristas plantea dudas legales.
4. Convenciones sobre Narcotráfico
– Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988): establece la cooperación internacional para combatir el narcotráfico, incluyendo en alta mar. El Artículo 17 permite a los estados interceptar buques sospechosos de narcotráfico en aguas internacionales, pero requiere notificación al estado de bandera del buque y procedimientos no letales, como abordaje e inspección, antes de recurrir a la fuerza. EE.UU. no ha proporcionado evidencia de que notificara al estado de bandera (se presume Venezuela, pero no tenía bandera, lo que le hace aún más complejo), ni de que intentara una interdicción no letal antes del ataque, lo que contraviene esta convención.
– Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y otros tratados de la Organización Marítima Internacional (OMI):
estos tratados, gestionados por la OMI, regulan la seguridad marítima y prohíben acciones que pongan en riesgo la vida humana en el mar. El ataque a una lancha civil sin intentar un rescate o interdicción previa viola estas normas.
Legislación Nacional de EE.UU.
1. Constitución de EE.UU. y Ley de Poderes de Guerra (1973)
– La Constitución otorga al presidente autoridad como comandante en jefe (Artículo II, Sección 2), pero la Ley de Poderes de Guerra requiere que el presidente notifique al Congreso dentro de 48 horas de iniciar acciones militares y limite dichas acciones a 60 días sin aprobación del Congreso.
No hay evidencia pública de que el ataque del 2 de septiembre fuera notificado al Congreso, lo que podría hacerlo ilegal bajo esta ley. Además, el uso de la fuerza contra una embarcación civil en aguas internacionales requiere una justificación clara de amenaza a la seguridad nacional, lo cual no ha sido detallado.
2. Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, 2001)
La AUMF permite acciones militares contra organizaciones terroristas responsables de los ataques del 11 de septiembre de 2001, o asociadas con ellas. La designación del “Tren de Aragua” como organización narcoterrorista en febrero de 2025 podría invocarse para justificar el ataque, pero la AUMF no está diseñada para operaciones antidrogas en alta mar, lo que hace cuestionable su aplicación.
3. Leyes Antidrogas y Autoridad de la Guardia Costera
La Guardia Costera de EE.UU. tiene autoridad bajo el Título 14 del Código de los Estados Unidos para realizar interdicciones marítimas contra el narcotráfico. Estas operaciones suelen involucrar abordajes e inspecciones, no ataques letales. El Departamento de Defensa, que ejecutó el ataque del 2 de septiembre, no tiene esta autoridad primaria, lo que sugiere una desviación de los procedimientos estándar.
La participación del Departamento de Defensa en lugar de la Guardia Costera, y el uso de un ataque letal sin interdicción previa, contraviene las prácticas establecidas para operaciones antidrogas en alta mar.
4. Executive Order 12333 (modificada)
Regula las operaciones de inteligencia y militares en el extranjero. Requiere que las acciones letales cumplan con el derecho internacional y las leyes nacionales. El ataque a la lancha, sin evidencia pública de una amenaza inminente, viola esta orden.
Precedentes Legales
1. Operaciones Antidrogas en Alta Mar
Caso de la Operación Just Cause (1989, Panamá): EE.UU. justificó la invasión de Panamá, en parte, por el narcotráfico de Manuel Noriega. Aunque no fue una operación en alta mar, estableció un precedente para usar la seguridad nacional como justificación para acciones militares contra el narcotráfico. Sin embargo, este caso ocurrió en territorio soberano, no en aguas internacionales, y fue muy criticado por violar el derecho internacional.
Interdicciones de la Guardia Costera (décadas de 1980-2020): la Guardia Costera de EE.UU. ha realizado numerosas interdicciones marítimas en el Caribe y el Pacífico, interceptando embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Estas operaciones suelen involucrar abordajes, inspecciones y detenciones, no ataques letales, lo que contrasta con lo ocurrido el 2 de septiembre de 2025.
2. Ataques Militares en Aguas Internacionales
Incidente del USS Vincennes (1988): el USS Vincennes derribó un avión civil iraní (Irán Air Flight 655) en aguas internacionales, confundido con una amenaza militar. EE.UU. pagó compensaciones, pero el incidente fue considerado una violación del derecho internacional por la falta de proporcionalidad y verificación. Este precedente sugiere que el ataque a la lancha, sin evidencia clara de amenaza, podría ser similar y cuestionado.
Operaciones contra la piratería en Somalia (2000s-2010s): bajo UNCLOS, los estados tienen jurisdicción universal para perseguir piratas en alta mar. Sin embargo, estas operaciones suelen involucrar interdicciones no letales, y el uso de la fuerza letal está estrictamente regulado. El narcotráfico no otorga la misma jurisdicción universal, lo que limita la aplicabilidad de este precedente.
Ninguna civilización puede sostenerse sin el respeto a los valores humanos.
Gracias.
En Caracas, a los cuatro días del mes de septiembre de 2025.
ACLARATORIA
No estoy en contra de la aplicación de la fuerza; estoy en contra de la mala y torpe aplicación de la misma, que son dos cosas muy diferentes. Cuando hablo de Derecho, me refiero a la aplicación de la fuerza de manera que no conlleve acciones que sean tan condenables que le quiten toda la fuerza moral y legítima a la lucha, y por tanto, la hagan inviable.
Cuando se habla de tanques, bombas y muertes, hay una línea muy delgada entre la posibilidad de resolver la crisis, o más bien empeorarla, creando problemas aún mayores y haciendo un verdadero infierno que, comparado con el que conocemos hasta ahora, sea infinitamente peor. Este asunto no se resuelve lanzando unas cuantas bombas.
Es un problema demasiado complejo y sin ninguna posibilidad de crear gobernanza sostenible si no se aborda con inteligencia y de forma que no produzca rechazo y aislamiento por parte de aliados fundamentales, incluyendo China.
De eso trata mi planteamiento: uso legítimo de la fuerza… no una guerra de locos, que solo puede traer mayores desgracias; mayores a las que ya hemos sufrido como nación.
Que Dios nos bendiga a todos.
Excelente entrevista al Coronel (R) Douglas MacGregor
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