Por Juan Carlos Sosa Azpúrua
Durante décadas, Venezuela fue uno de los pilares energéticos del mundo. Hoy, tras años de colapso productivo, sanciones, deterioro institucional y desinversión masiva, el país se encuentra —paradójicamente— ante una ventana de oportunidad excepcional para atraer capital petrolero y gasífero a gran escala. No porque sus problemas hayan desaparecido, sino porque el contexto global y los incentivos económicos actuales hacen que esperar “condiciones ideales” sea un error estratégico.
El mundo necesita petróleo y gas, y lo seguirá haciendo durante muchos años. Mientras la transición energética progresa de forma desigual y costosa, la realidad es que la demanda global de hidrocarburos no se va a evaporar de la noche a la mañana. En ese escenario, pocas jurisdicciones combinan reservas gigantescas, costos marginales competitivos y activos subutilizados como Venezuela.
La pregunta clave no es si Venezuela es un país “perfecto” para invertir. No lo es. La pregunta correcta es si es necesario esperar a que exista una democracia consolidada o un marco institucional impecable para que fluyan inversiones petroleras significativas. La historia demuestra que la respuesta es un «no» rotundo.
La inversión energética nunca ha esperado a la perfección institucional
Las grandes apuestas energéticas del último medio siglo rara vez se hicieron en países con instituciones modelo. En Irak, tras 2003, las principales petroleras regresaron cuando el país aún enfrentaba insurgencia, fragmentación política y corrupción endémica. En África, miles de millones de dólares se comprometieron en proyectos de gas natural en Mozambique en plena insurgencia. En Libia, compañías internacionales retomaron operaciones aun con un Estado dividido y milicias armadas controlando territorios.
Incluso en el espacio post-soviético —Azerbaiyán, Kazajistán, Rusia— las inversiones masivas llegaron antes de que existieran sistemas judiciales sólidos o reglas previsibles. El factor decisivo no fue la calidad absoluta de las instituciones, sino la calidad de los contratos que protegían a los inversionistas.
Venezuela no es una anomalía histórica. Es, en todo caso, un ejemplo extremo de un patrón bien conocido en la industria energética: donde el recurso es grande, el capital termina llegando, siempre que existan mecanismos para protegerlo.
La experiencia de 2007: una lección contractual, no una condena eterna
Un punto de inflexión que sigue proyectando sombras sobre cualquier discusión de inversión en Venezuela fue lo ocurrido en 2007. Ese año, bajo el régimen de Hugo Chávez, el Estado venezolano promovió la revisión unilateral de contratos petroleros, exigiendo que todas las asociaciones con petroleras extranjeras migraran a un esquema de empresas mixtas con participación mayoritaria de la estatal PDVSA. Las empresas que no aceptaron —como ExxonMobil y ConocoPhillips— vieron revertidas sus participaciones y fueron desplazadas de activos que habían desarrollado durante años. Los resultados fueron prolongados arbitrajes internacionales con laudos que ordenaron a Venezuela pagar miles de millones de dólares en compensación por expropiaciones consideradas ilegales. (Historial muy bien documentado en análisis sobre conflictos contractuales de Petróleos de Venezuela S.A.)
Este episodio dejó dos lecciones dolorosas para capitales globales:
1) La soberanía sobre los recursos puede ser reinterpretada abruptamente si los contratos no tienen barreras de protección reales.
2) Sin mecanismos eficaces de cumplimiento y enforcement, los acuerdos pueden deteriorarse en litigios largos con resultados inciertos.
Hoy, ningún inversionista informado quiere repetir esa experiencia. Pero tampoco está condenado a repetirla si existen contratos con blindajes fuertes, negociados desde una base de equilibrio y aplicación internacional del derecho.
Los “expertos” del exterior y el espejismo de la perfección total
En este contexto, resulta notorio el papel de ciertos comentaristas y “expertos venezolanos” que, desde cómodas posiciones en el exterior, levantan voces de alarma permanentes y proclaman que ninguna inversión debería ocurrir hasta que Venezuela cumpla con un catálogo idealizado de condiciones políticas e institucionales. El argumento se repite: sin democracia perfecta, sin separación de poderes al estilo de países desarrollados o sin seguridad jurídica equivalente a Canadá o Alemania, toda inversión sería irresponsable o ilegítima.
Lo que rara vez se reconoce es que esa vara de medición no se aplica a ningún otro país productor relevante del mundo. El historial global de inversiones energéticas incluye numerosos casos en entornos mucho más inestables que los que hoy enfrenta Venezuela. Además, en muchos casos, estas posturas están acompañadas de agendas inconfesables: preservar relevancia mediática, cultivar apoyos políticos o posicionarse para futuros roles de liderazgo desde la crítica, más que desde la productividad y la reconstrucción económica.
La narrativa del “todo o nada” no solo es errada en lo económico; es funcional a quienes viven del estancamiento y de la inacción, no de la reconstrucción.
El momento actual y el papel protector de EE. UU.
Hoy confluyen varios factores que hacen que Venezuela sea distinta de lo que fue incluso hace cinco o diez años. La infraestructura petrolera está muy degradada, lo que reduce el valor de entrada para los inversionistas y amplifica el potencial de retorno. Además, el gobierno de Estados Unidos ha dado pasos concretos para proteger a las empresas que entran a operar en Venezuela y reducir el riesgo que ha ahuyentado capital por años.
En febrero de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió varias licencias generales que permiten a grandes, medianas y pequeñas petroleras (así como empresas conexas) incursionar en Venezuela y otras, como Chevron, Eni, Shell, BP y Repsol, mejorar sus inversiones actuales y renegociar contratos de inversión en petróleo y gas. Estas autorizaciones suponen la mayor flexibilización de sanciones desde hace décadas, y están diseñadas para dar certeza y protección a las compañías que decidan comprometer capital en el país. Además, los pagos de regalías e impuestos deberán ir a través de fondos controlados por EE. UU., lo que introduce un nivel adicional de seguridad sobre los flujos financieros del proyecto y de las reparaciones monetarias en potenciales laudos arbitrales.
Este enfoque no solo facilita la entrada y expansión de inversiones, sino que sitúa los acuerdos en un marco de supervisión internacional y protección jurídica que reduce de forma tangible el riesgo de reversión unilateral de contratos —el mismo problema que afectó a Exxon y Conoco en 2007.
Ingeniería contractual: cómo evitar una repetición de 2007
Con los aprendizajes del pasado y la protección de políticas internacionales, es posible estructurar contratos que impidan que algo parecido a 2007 vuelva a ocurrir. Entre los mecanismos esenciales para proteger a las empresas se encuentran:
1. Estabilización contractual automática: ajustes predefinidos si cambian las reglas fiscales o regulatorias.
2. Ley aplicable y arbitraje internacional neutral: como ICC o LCIA, con acuerdos de cumplimiento internacional.
3. Renuncia de inmunidad soberana en ejecución de laudos arbitrales.
4. Cuentas escrow y esquemas de “ring-fencing” para aislar ingresos de proyecto.
5. Contratos de offtake con cláusulas take-or-pay: que aseguren ingresos mínimos.
6. Derechos “step-in” para financiamiento: que permitan a prestamistas intervenir en default técnico.
Estos elementos no son experimentos; son estándares de protección utilizados en proyectos de alto riesgo alrededor del mundo, desde Irak hasta el Delta del Níger, y su aplicación puede transformar contratos en activos seguros, previsibles y financiables.
Más allá del upstream: reconstrucción de cadenas productivas
La oportunidad venezolana se extiende más allá de la extracción. Servicios petroleros, refinación, transporte, almacenamiento, gas natural y petroquímica pueden reactivarse junto con la entrada de capital privado. Cada dólar invertido en energía crea un efecto multiplicador que va mucho más allá del sector.
Conclusión: riesgo histórico no es destino y la acción oportuna define el futuro
Venezuela no es un país para capital tímido —pero tampoco lo fue Irak o Kazajistán cuando se convirtieron en polos energéticos globales. El país no puede permitirse esperar a que las condiciones sean perfectas. La historia demuestra que las grandes oportunidades aparecen cuando el consenso aún duda. Los inversionistas que entiendan el momento, estructuren bien el riesgo, y aprovechen las protecciones legales e internacionales disponibles hoy, podrán participar en una de las recuperaciones energéticas más relevantes de las próximas décadas.
El futuro no se construye desde la queja o la espera. Se construye desde la inversión responsable, con contratos bien diseñados y con la valentía de actuar cuando otros prefieren retrasar decisiones.
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