Por Miguel Rodríguez Ph.D.
Nuestro petróleo ha sido, es (y será siempre) propiedad de la nación y del Estado venezolano.
La Standard Oil (Exxon) estadounidense, la Shell Anglo-Neerlandesa, y otras compañías extranjeras, vinieron a un país miserable, palúdico y analfabeta, bajo un régimen de concesiones que les permitió el desarrollo de la producción petrolera en nuestra nación. Jamás recibieron la propiedad sobre el petróleo del subsuelo, sino sobre el crudo producido en la boca del pozo, teniendo que pagar una importante y creciente regalía, así como los correspondientes impuestos sobre la renta de acuerdo a sus ganancias.
¡Jamás el petróleo venezolano en el subsuelo ha sido propiedad de las empresas transnacionales!
El sistema funcionó muy bien hasta 1970, cuando Venezuela llegó a producir casi cuatro millones de b/d de petróleo. En 1960, recién terminada la dictadura de Pérez Jiménez, e iniciándose el período democrático, Venezuela era el primer exportador mundial de crudo, y el segundo productor del planeta, solo superado por los Estados Unidos. Ya para entonces, nuestro país producía tres millones de b/d, el doble de Arabia Saudita y ¡el triple de Rusia!
Ese exitoso proceso de desarrollo petrolero, y nacional, sufre un quiebre dramático a partir del disparate que supuso el debate político de finales de los años sesenta, que tuvo como consecuencia la promulgación de la «Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos», el 30 de julio de 1971. Esta disposición legislativa reafirmaba que, para el año 1983, se revertiría al Estado venezolano todos y cada uno de los activos petroleros productivos, así como las concesiones otorgadas a las corporaciones transnacionales.
La catástrofe no se hizo esperar. Las empresas afectadas declararon una huelga de inversiones que hizo que la producción petrolera de Venezuela colapsara.
En 1974, el nuevo Gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez, recibió la mitad de la producción que se alcanzó en 1970, y esto obligó a que se promulgara, el 21 de agosto de 1975, la «Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos» (también conocida como «Ley de Nacionalización»). Entró en vigencia el primero de enero de 1976, y así se dio curso a la «estatización /nacionalización» de la industria petrolera venezolana.
El gobierno de Carlos Andrés Pérez actuó de manera brillante. Se creó a PDVSA como un «Holding» con diversas filiales: «Exxon» (Creole) pasó a convertirse en «Lagoven»; «Shell» se volvió «Maraven» y la «CVP» se transformó en «Corpoven».
Al frente de PDVSA se colocó al mejor gerente que para ese entonces tenía Venezuela: el general Rafael Alfonzo Ravard, junto a un directorio integrado por algunos de los mayores talentos de la gerencia petrolera criolla. Así se le dio vida a una de las corporaciones más poderosas y respetadas del planeta.
Pero a Mr. Trump («Mr. Danger» como lo llamaría Rómulo Gallegos) le convendría enterarse de algo fundamental: en esta excelente nacionalización efectuada por el gobierno de CAP no se ejecutaron expropiaciones de ninguna naturaleza. Lo que ocurrió fue un proceso de negociaciones, en el cual se acordó el pago por los activos de las transnacionales, desde la boca del pozo hacia afuera, y por el valor justo de los correspondientes negocios.
Además, la participación futura de las empresas transnacionales en la industria petrolera quedó abierta gracias a la aprobación del artículo quinto de la «Ley de Nacionalización», redactado por un joven y brillante senador del Congreso de la República: Andrés Sosa Pietri, quien quince años después, durante el segundo mandato del presidente Pérez, se convertiría en el mejor presidente de la historia de PDVSA, junto al general Rafael Alfonzo Ravard.
Es oportuno saber que, sin la Guerra del Yom Kippur (1973/74) causante de la multiplicación por cinco de los precios del petróleo, el primer Gobierno de CAP no hubiera generado ninguna bonanza. Gracias al colapso de la producción de crudos, ocurrido a partir de 1970, en aquella época solo miseria y pobreza hubiese reflejado el rostro de Venezuela.
Tras la nacionalización, durante quince años la actuación de Venezuela como país petrolero, y de PDVSA con sus filiales, fue mediocre. Y no por la gran empresa que era PDVSA, sino por la mojigata política aplicada por el ministerio de Energía y Minas, que se sustentaba en una noción estúpida del petróleo: un “excremento del diablo”.
Para los países dotados con altas reservas, esta materia prima es una bendición de Dios; premisa que ha sido demostrada con el inmenso desarrollo alcanzado por los países petroleros hasta el presente, con las excepciones de Venezuela, Irán, Irak y Libia. Y en estos casos, el problema siempre ha sido las políticas aplicadas y los pésimos manejos de sus economías.
La visión pacata de «puro OPEP en esteroides», hizo que PDVSA aceptara recortes en su producción durante los incompetentes gobiernos de Luis Herrera y Jaime Lusinchi. Los países árabes olfatearon la estupidez de los políticos venezolanos y continuaron aumentando su producción de petróleo y gas de forma extraordinaria, y a costillas de ¡Venezuela!, el país con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta. Rusia tampoco perdió el tiempo y comenzó a ocupar el espacio productivo venezolano, intuyendo la «enfermedad» de nuestra clase política.
A esta “Marcha de la Estupidez” le pusimos punto final durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, gracias al programa denominado «El Gran Viraje»; y con la llegada, en 1990, de Andrés Sosa Pietri a la presidencia de PDVSA. En sus dos años y medio al frente de la empresa, se aumenta la producción de crudos en un millón de barriles diarios. Esto marcó un hito en la historia de PDVSA, nunca antes logrado desde su nacimiento en 1976, hasta su debacle en estos años del chavismo. Junto a una revitalizada PDVSA, Andrés Sosa Pietri diseña e implementa el programa denominado «La Apertura Petrolera». Se invita para que regresen a nuestro país a las grandes empresas del sector hidrocarburos (Exxon-Mobil, Shell et.al.), en asociación con PDVSA, para que sean partícipes del mayor programa de expansión de la producción petrolera mundial, que tendría lugar en Venezuela. El plan consistía en alcanzar, para el año dos mil, una producción entre seis y siete millones de b/d. Y superar los diez millones de b/d para finales de la primera década del Siglo XXI.
A la par de las medidas de «El Gran Viraje», esta nueva y visionaria política petrolera haría de Venezuela una potencia global: un país desarrollado a plenitud, como lo son hoy algunos de los países del Golfo Pérsico y Noruega.
En los últimos treinta años, la tragedia de Venezuela: de su economía, de su democracia y de su sector petrolero, se da por la ignorancia, torpeza y avidez de sus élites políticas y privadas. En 1992/93, defenestran al gran estadista de la nación: Carlos Andrés Pérez. Para entonces, ya éramos un país con el más alto crecimiento económico del mundo, alcanzado en 1991.
La caída de CAP da pie al catastrófico gobierno de Rafael Caldera, quien encarcela al demócrata ejemplar y libera al traidor de la patria: aquel golpista y «mamarracho» del cuatro de febrero, a quien llevan de la mano hasta el palacio de Miraflores. Y se causa una hecatombe: el proceso de «cubanización» de Venezuela, que se ha sufrido durante tres décadas, hasta la fecha de hoy.
Las confiscaciones y expropiaciones de las empresas venezolanas y extranjeras, incluyendo las asociaciones estratégicas del sector petrolero, fueron hechas por Hugo Chávez. Algunas recibieron compensación, y hasta existen fallos de cortes y organismos internacionales que obligan al Estado venezolano a honrar sus compromisos. Pero muchas otras empresas quedaron confiscadas sin recibir pago alguno.
Dada su vasta experiencia personal en quiebras empresariales, Mr. Trump conoce a la perfección que a los negocios fallidos, incapaces de honrar sus obligaciones mercantiles, en los Estados Unidos se les aplica el «Chapter 11». Esto hace posible que un tribunal ordene la selección de una nueva gerencia, en un intento de evitar la quiebra definitiva, que provocaría que los dueños y los acreedores lo pierdan todo.
En el presente, Venezuela es una nación que padece una quiebra absoluta: económica, política y moral. Se han retrocedido cien años. Hoy estamos como en 1925, cuando éramos el país hambriento, miserable y palúdico de «Las Casas Muertas»…
En el próximo lustro, Venezuela no puede pagar ni un centavo de deuda, sino a costa del hambre de sus hijos. Lo que sí puede hacer no tiene relación alguna con lo que sería el robo de su territorio a cañonazos, tal y como sucedió en la guerra de EEUU contra México, en 1846. Venezuela necesita una nueva administración competente, y en especial honesta, capaz de reconstruir su economía y sus instituciones democráticas con un impulso potente.
Esto solo es posible a través de una total apertura de la economía y del sector de los hidrocarburos. Y con unos Estados Unidos aliados y comprometidos con nuestra recuperación y ¡desarrollo!, a partir del respeto a la libertad de Venezuela de relacionarse en lo económico y en lo político con todas las naciones del planeta que puedan contribuir con su bienestar.
President Trump: Venezuela is in «Chapter 11».
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